Las últimas estadísticas anuales de la Comisión Europea sobre los socios de la UE que no cumplen la normativa ambiental comunitaria revelan que España es, por tercer ejercicio consecutivo, el país que tiene más procedimientos de infracción abiertos, incluyendo tanto la fase de negociación con las autoridades de Bruselas como aquellos casos que, tras años de tira y afloja, han llegado al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y pueden derivar en sanciones económicas.
Es tradición que España no se preocupe lo suficiente a la hora de aplicar la normativa ambiental europea. Desde el año 2007, no ha habido ejercicio en el que no haya sido el país más incumplidor o el segundo más incumplidor, compitiendo en ese muy dudoso honor con Grecia, Italia y Rumanía. Durante el año pasado, de los 325 procedimientos de infracción abiertos por Bruselas, España tenía 30, aproximadamente el triple de lo que le correspondería si se hiciese un reparto equitativo entre los actuales 28 países miembro.
La mayoría de estos procedimientos de infracción se produce porque no traspone las normas comunitarias en los plazos previstos o porque, aunque las tenga incorporadas al ordenamiento jurídico, no las cumple.

Agua, residuos y naturaleza

El grueso de los procedimientos tienen que ver con la gestión de los recursos hídricos, como la planificación hidrológica -del actual ciclo aún faltan los planes de las cuencas internas de Cataluña y todos los canarios- o la calidad de las aguas, con el tratamiento de las residuales entre los más duraderos y potencialmente onerosos, porque la cuantía de la sanción correspondiente puede superar holgadamente los 50 millones de euros. Pero también hay casos sobre residuos y vertederos, la protección de la naturaleza, la calidad del aire o la evaluación del impacto ambiental.
La UE no distingue entre los incumplimientos que son responsabilidad de la Administración central y los que se deben a la comunidades autónomas, que tienen transferidas muchas de las competencias ambientales.
Susana Galera, profesora de derecho administrativo de la Universidad Rey Juan Carlos, ha estudiado la situación y considera que una parte relevante del problema es la «baja prioridad política que ocupan los objetivos ambientales en nuestro país».

Falta de consenso

Pero Galera también apunta a un modelo de gestión «napoleónico, piramidal y jerárquico», en el que lo relevante no es el consenso necesario para que una medida sea eficaz, «sino quien ejecute la acción y dispone del presupuesto asociado a la misma». Y añade que es un elemento que aparece recurrentemente en las recomendaciones que Bruselas nos hace para cumplir mejor las obligaciones europeas.
Fuente: El Economista